Mesas de debate en la UGR sobre la privatización de la Universidad Pública que pretende Wert.

Uno de los acuerdos de la última asamblea del 30 de enero, se acordó difundir los peligros de la reforma universitaria que pretende Wert. Que no es ni más ni menos que la desaparición de la Universidad Pública para dejar el terreno despejado al negocio de la Educación Superior. Este proceso ya se ha iniciado sin dicha Reforma, en los últimos años se han creado 15 universidades privadas y ninguna pública.

Entre las medidas de difusión, se propuso crear mesas de debate en cada uno de los centros para acercar este problema a la comunidad universitaria. En la Asamblea ya se constituyeron en varios centros pero quedan pendientes otros muchos, desde aqui pedimos que aquellos que estén interesados en la misma, nos lo comuniquen para poder constituirlas, o bien a través de este blog o mandando un e-mail a laugrcontralosrecortes@gmail.com.

 

 

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3 respuestas a Mesas de debate en la UGR sobre la privatización de la Universidad Pública que pretende Wert.

  1. Ana dijo:

    Manifiesto en defensa de una Universidad Pública, Laica, Democrática y al servicio de toda la sociedad

    Los/las firmantes de este documento, firmemente comprometidos y comprometidas por una Universidad Pública, Laica, Democrática y al servicio de toda la sociedad, lo han elaborado con el objetivo, por una parte, de rebatir y desautorizar el Informe sobre una “Propuesta para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del sistema universitario español” de la Comisión de “expertos” designada por el Ministerio, y para denunciar la deriva neoliberal, mercantilista y autoritaria de dicho informe, que en vez de avanzar hacia la resolución de los problemas y deficiencias de las Universidades públicas en el Estado Español amenazan con provocar una grave involución en las mismas, que las incapacitarían para jugar un papel positivo para contribuir a una salida socialmente justa de la actual crisis económica y sistémica que padecemos. Y, por otra parte, de cara a avanzar los criterios y líneas estratégicas básicas para Otra Universidad Posible.

    El Informe de “expertos” del PP parte de un diagnóstico erróneo y catastrofista que pasa por alto la deficiente situación de partida de las Universidades Públicas en el Estado Español al final de la dictadura franquista y los progresos realizados por las mismas hasta llegar a una docencia y productividad científica equiparables a los del conjunto de los países de la OCDE, a pesar de la insuficiencia de medios de los que disponen. Y el Informe se realiza por un conjunto de “expertos” que lo son en distintas disciplinas académicas, pero en ningún caso en gestión académica o en cuestiones pedagógicas, y que vierten en él sus prejuicios ideológicos por encima de sus conocimientos científicos. Es necesario por tanto desmontar dichos prejuicios para enderezar los enfoques sobre la realidad universitaria que el Informe presenta:

    UNA FORMACIÓN BÁSICA, POLIVALENTE Y CRÍTICA COMO FORMA DE ACCESO AL SABER COMPLEJO Y SIEMPRE ABIERTO
    Carece de sentido pretender adaptar los estudios universitarios a un mercado cuya mudabilidad haría que en muchos casos las materias específicas introducidas con ese criterio hubieran devenido obsoletas al finalizar los estudios. Por otra parte, las graves deficiencias de la estructura económica y empresarial en el Estado Español harían dicho intento de adaptación especialmente suicida. Si los egresados y las egresadas de nuestras Universidades tienen dificultades para encontrar trabajo en España no es tanto por las deficiencias de su formación como por la incapacidad del tejido económico existente para rentabilizar un trabajo profesional de alta cualificación.

    Es mucho más racional fomentar una formación básica y polivalente que capacite a las egresadas y los egresados de las Universidades, no ya para adaptarse a la situación existente, sino para incidir creativamente en la misma, vertiendo y desarrollando los conocimientos adquiridos y su capacidad investigadora, cosa que requerirá por otra parte profundos cambios en la estructura económica vinculados a un modelo alternativo de desarrollo social y humano.

    UN GOBIERNO DEMOCRÁTICO COMO FORMA DE GARANTIZAR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS
    Es irracional pretender gobernar sistemas complejos por métodos jerárquicos y autoritarios. Los modelos de gestión empresarial dirigista que se pretenden trasplantar a la Universidad están por otra parte obsoletos, e ignoran la importancia, patentizada por la dinámica de grupos, de la participación e implicación personales, que requieren de métodos democráticos y son esenciales para actividades que no pueden reducirse a tareas mecánicas y repetitivas sino que necesitan de un esfuerzo intelectual y creativo, que son además imprescindibles para formar profesionales capacitados y capacitadas para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa. Tales métodos son también esenciales para promover una renovación pedagógica para un aprendizaje centrado en el estudiantado, que permita formar profesionales capacitados y capacitadas para investigar e innovar en el proceso de construcción de una sociedad mejor y una economía más justa.

    Los cambios que requiere el gobierno de nuestras Universidades son, por el contrario, desarrollar y profundizar la participación democrática de las distintas categorías del profesorado, del estudiantado y del personal de administración y servicios, partiendo de los avances realizados desde el fin del franquismo pero superando los residuos corporativos todavía existentes que dificultan la plena participación de todos sus miembros en la toma de decisiones sobre el funcionamiento de la Universidad a todos sus niveles.

    UNA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA QUE GARANTICE LA INDEPENDENCIA CIENTÍFICA, ACADÉMICA Y DEMOCRÁTICA DE LAS UNIVERSIDADES
    Supeditar el gobierno de las Universidades a las instituciones políticas, como ocurriría si se hace intervenir a representantes de las mismas en sus órganos de gobierno académico e incluso en la elección de los rectores, no sólo contradeciría la autonomía universitaria establecida en la Constitución actualmente vigente, sino que obstaculizaría la capacidad crítica de dichas Universidades para el desarrollo del conocimiento y para la evaluación académica independiente de la actuación de los poderes públicos.

    El interés social requiere de Universidades plenamente autónomas, capaces de gobernarse por sí mismas a partir de la participación democrática del conjunto de sus miembros y con una gestión profesionalizada, como base para rendir cuentas ante los poderes públicos del uso de los fondos públicos proporcionados por la sociedad para atender a sus necesidades de una docencia e investigación universitarias de alta calidad cuyos resultados puedan ser transferidos a la misma en el marco del dominio público y el interés social de dichos resultados.

    UNA UNIVERSIDAD PÚBLICA COMO SERVICIO PÚBLICO AL SERVICIO DE TODA LA SOCIEDAD
    Orientarse hacia la financiación privada de las Universidades Públicas, condicionando así su docencia o investigación, llevaría a un despilfarro y mala utilización de recursos públicos al supeditarlos a intereses privados. Y la potenciación de Universidades Privadas, condicionadas por la búsqueda del lucro de sus propietarios, llevaría a que los medios en ellas invertidos no se dedicaran exclusivamente al desarrollo de una docencia e investigación de calidad.

    Sólo la financiación pública de las Universidades Públicas, proporcionándoles los recursos necesarios para el desarrollo de sus actividades sin tener que recurrir a una financiación privada, posibilita que el uso de los fondos se oriente únicamente por la racionalidad académica y esté sometido a un control democrático que garantice que dicho uso esté regido exclusivamente por el interés público.

    UNA UNIVERSIDAD COOPERATIVA QUE ESTIMULE LA COLABORACIÓN ACADÉMICA E INVESTIGADORA
    Someter a las Universidades y a sus miembros a una carrera competitiva para obtener fondos a partir de ocupar posiciones en una escala de supuesta “excelencia” supone desincentivar la cooperación con otros colegas o centros que se presentan como “competidores”. Ello lleva a perder sinergias y posibilidad de esfuerzos compartidos que eviten duplicidades innecesarias, así como al desperdicio de los recursos de quienes por no recibir los fondos necesarios no puedan desempeñar adecuadamente sus funciones. Así, la “competitividad” entre las partes conduce a la incompetencia del sistema. Hay que impulsar por el contrario la cooperación entre profesionales y Universidades para rentabilizar al máximo los esfuerzos de todos y favorecer el desarrollo y la calidad de todas ellas.

    UNA UNIVERSIDAD GRATUITA QUE NO IMPIDA EL ACCESO POR RAZONES ECONÓMICA
    Cada joven que por razones económicas no puede seguir los estudios universitarios supone un oneroso despilfarro de potencialidades personales que lastra el desarrollo económico y social. Potenciar además el endeudamiento con becas-préstamo incondicionales supone hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Y desincentivar con tasas elevadas, o dificultando el acceso a una beca académica, una actividad tan socialmente necesaria como es el estudio supone una apuesta por el suicidio colectivo de nuestro país. Y ello resulta especialmente dramático en un contexto económico con un paro juvenil del orden del 50%, en tanto que supone condenar a muchos jóvenes a ni estudiar ni trabajar.

    No hay mejor uso de los recursos públicos que estimular con la gratuidad y con la retribución de los estudios a través de becas-salario la formación de una juventud de cuya preparación dependerá en buena medida el futuro de nuestro país.

    UNA SITUACIÓN ESTABLE DEL PROFESORADO QUE FACILITE SU INDEPENDENCIA, MOTIVACIÓN Y RENOVACIÓN PEDAGÓGICA
    Incrementar el porcentaje del profesorado en situación precaria, potenciando la arbitrariedad en su contratación y también en su despido, reforzaría ciertamente las relaciones parafeudales entre quienes ostenten el poder de contratar y despedir y aquellos y aquellas que ocupen una posición de servidumbre hacia ellos. Pero no garantizaría para dicho profesorado precario la libertad de cátedra, el ejercicio de la crítica y el compromiso con la Universidad que son necesarios para el desarrollo de ésta como un proyecto colectivo compartido.

    Una Universidad Pública, Crítica y Democrática requiere de un proceso objetivo de selección de su profesorado como del resto del personal, que tras un período inicial de formación le permita acceder en condiciones claramente estipuladas a una estabilidad sometida a controles igualmente objetivos para participar libre y críticamente en la tarea colectiva de desarrollar una docencia e investigación de calidad al servicio del interés público, del país que la alberga y del progreso humano.

    FIRMANTES: Marie-Christine Vergiat (Eurodiputada, Comisión de Educación del Parlamento Europeo); Jorge Riechamann (Profesor Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid); Antonio Baylos (Catedrático de Derecho de la Universidad Castilla La Mancha); Joaquín Aparicio (Catedrático de Derecho de la Universidad Castilla La Mancha); Lluís Torró (Profesor de Historia Económica Universidad de Alicante); Amat Sánchez (Profesor de Economía Aplicada Universitat de València); Adoración Guamán (Profesora Universidad de Valencia); Rafael Plá (Profesor Universidad de Valencia); Carmen Madorrán (Profesora Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid); Emilio Criado Herrero (Investigador Centro Superior de Investigaciones Científicas CSIC); Peter Fleissner (Catedrático en la Universidad Politécnica de Viena. Austria); Maria Teresa Pajares (Profesora Universidad Complutense); Andrés Piqueras (Profesor Antropología Universidad Jaume I de Castelló); Lara Mayes (Profesora Universidad de Valencia); Jaime Aja (Profesor de la Universidad de Córdoba); Julián Marcelo (Profesor de la Universidad Politécnica de Valencia); Alessandro Arienzo (Profesor Universidad Feb. II Napoles. Italia); Sigfrido Ramírez (Profesor Universidad Copenhague. Dinamarca); Jean Paul Laine (Universidad de Rouen. Francia); Francisco Trillo (profesor de derecho del trabajo de la UCLM); José Francisco Murillo (Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación Universidad de Málaga); Jorge Fonseca (Profesor Universidad Complutense de Madrid); Sergio Jaramillo (Profesor Universidad Politécnica de Madrid); Ana Jorge Alonso (Profesora Comunicación Audiovisual Universidad de Málaga); Enrique Díez Gutiérrez (Profesor Dpto. Didáctica y Organización Escolar, Universidad de León); Julian Sanz (Profesor Universidad de Valencia); Eddie Turney, (Profesor Universidad Politécnica de Valencia); Vicente Sanfélix (Profesor del departamento de Metafísica y Teoría del Conocimiento, Universitat de València); Gemma Peña (Profesora Universidad Politécnica de Valencia); Pablo Cortés González (Profesor Dpto de didáctica y organización escolar, Universidad de Málaga); Francisco Sierra (Profesor Dpto de Periodismo, Universidad de Sevilla); Patricia García Leyva (Profesor Dpto. de Psicología Social, Universidad de Málaga); Bernardo Diaz Nosty (Catedrático Dpto. Peridismo, Universidad de Málaga); Gonzalo Cruz Andreotti (Profesor Dpto. de Historia y Prehistoria, Universidad de Málaga); Inmaculada Postigo Gómez (Profesora Universidad de Málaga); María Martinez Lara (Catedrático. Dpto Quimica inorgánica y cristalografía. Universidad de Málaga); Sebastián Bruque (Catedrático. Dpto Quimica inorgánica y cristalografía. Universidad de Málaga); Aniceto Murillo Mas (Catedrático. Dpto ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA. Universidad de Málaga); Mª Teresa Vera Balanza (Vicedecana de Investigación e Innovación. Facultad de Ciencias de la Comunicación. Universidad de Málaga)

    http://www.izquierda-unida.es/manifiesto_universidad_publica

  2. Ana dijo:

    Manifiesto por una Universidad Pública. ¡Podemos!

    En el momento de debilidad de las instituciones democráticas que atraviesa Europa, en especial los países del Sur, la Universidad no puede permanecer callada, como si, ingenuamente, los ataques a lo público fueran a dejarla al margen. Al contrario, le corresponde reflejar críticamente la recuperación de los contenidos sustanciales del Estado social y democrático de derecho que la ciudadanía reclama.

    Quienes trabajamos día a día con el conocimiento, en todas sus expresiones, tenemos un compromiso con la sociedad en la que desarrollamos nuestra actividad y con la que compartimos nuestro futuro. Le corresponde a la Universidad, entre otras instituciones educativas y científicas, ser garante del conocimiento, entendiéndolo como parte sustancial del bien común de las sociedades. Está en nuestra razón de ser universitaria conservarlo, difundirlo y acrecentarlo en aras del interés general, sacándolo del espacio de privilegio en el que estuvo enclaustrado en otros momentos de nuestra historia.

    Pensamos que la Universidad debe cultivar un pensamiento técnico, artístico, teórico y crítico que no sólo busque el rendimiento económico inmediato —que también es importante—, sino resultados más amplios y a más largo plazo. La calidad y el esfuerzo no deben confundirse con la competición mercantil, y la colaboración y el diálogo deben convertirse en el fundamento de la comunidad científica. La mera competitividad empresarial, más que acercar resultados, los aleja.

    El estudio, la investigación y la docencia son las herramientas con las que escogemos relacionarnos con la sociedad. De esta manera procuramos avanzar hacia comunidades más libres, más justas y más responsables. Sabemos que no puede existir una sociedad democrática avanzada al margen de una buena educación pública, accesible sin discriminación económica a quienes tengan los méritos académicos suficientes. El enorme desperdicio de recursos materiales y sociales que supone la discriminación basada en la capacidad adquisitiva actúa como freno y no como estímulo al esfuerzo.

    La mercantilización de la sociedad, y la asimilación de cada vez más ámbitos de nuestra existencia al beneficio económico inmediato, están amenazando a la Universidad como espacio de saber orientado al medio y largo plazo. Este proceso omite que lo que sostiene el edificio social no son las pretensiones de lucro, sino otros aspectos que es imposible reducir a la lógica de la ganancia y el enriquecimiento. La confianza, la cooperación, compartir saberes, transmitir conocimientos, la discusión franca, el encuentro de perspectivas, el contraste de pareceres, son aspectos esenciales de la Universidad que desaparecen cuando la desnuda factura del lucro ocupa el centro del quehacer universitario. Nuestra función social, lejos de ser el mero beneficio económico, es el intercambio de conocimiento y el compromiso con la verdad. La autonomía universitaria ha tenido sentido por este cometido y desaparece cuando la Universidad se convierte en un apéndice de poderes económicos o de intereses particulares.

    Es común al saber crítico el contraponer al pesimismo de la inteligencia el optimismo de la voluntad. No hacemos de las grietas una alternativa conseguida, ni hacemos de la pared un muro inexpugnable. Algunos hechos recientes muestran los beneficios del esfuerzo compartido y abren nuevas puertas a la esperanza. Asistimos a diferentes luchas por lo público en las que la confrontación ha vencido a la resignación, y la participación, al silencio. Movimientos sociales como el 15-M, o las iniciativas que han llevado la Universidad a la calle, han contado con una participación ilusionada y comprometida con la ciudadanía como hacía décadas no contemplábamos. Es tiempo de volcar toda esa ilusión en un proyecto que sirva de altavoz a todas estas reivindicaciones y que lleve a las instituciones europeas aquello que justamente se nos niega desde nuestros propios órganos de representación.

    Nos encontramos además con una generación de jóvenes altamente preparados cuyo legítimo objetivo de formarse en la Universidad queda truncado sistemáticamente. Ningún país democrático puede permitirse este lujo y, sin embargo, se nos reclama paciencia y resignación, y se nos imputan responsabilidades a quienes habríamos vivido «por encima de nuestras posibilidades». Nada es más doloroso para un profesor universitario que ver a sus estudiantes obligados a abandonar su país para encontrar un puesto de trabajo digno.

    Es hora de recuperar el diálogo que reinventa constantemente la Universidad, un diálogo que atienda las reclamaciones de mayor participación democrática interna, que no vincule su supervivencia a instituciones financieras o a la exigencia de mercantilizar sus recursos y que garantice unas condiciones laborales dignas y estables para docentes, investigadores y personal de administración y servicios.

    Desde nuestro nuestro compromiso con la Universidad, queremos unirnos con entusiasmo al proceso colectivo que significa Podemos, una iniciativa que ha sacudido una atmósfera de apatía y resignación generalizadas. Entendemos que Podemos, con su desafío a la parálisis institucional y a la presunta falta de alternativas, intensifica la reflexión sobre la dignidad humana, la conciencia crítica y el espíritu cívico, en el marco de una recuperación de las instituciones propias de un Estado democrático y de derecho digno de ese nombre.

    Deseamos incorporar a la comunidad universitaria a este espíritu, el mismo que ha guiado a tantas manifestaciones y protestas en los últimos años. Queremos convertir en expresión colectiva todo el esfuerzo individual realizado de manera silenciosa, profesional y entregada por parte de quienes no querían que la Universidad desapareciera. Queremos transformar esos esfuerzos en una nueva «marea» que aspire a conseguir en la Universidad la misma regeneración que se exige al resto de nuestras instituciones políticas, sociales, económicas y culturales.

    Sólo de esta manera seremos capaces de construir una Universidad democrática y realmente útil, comprometida con el mundo laboral, con los objetivos de I+D y con la formación personal de las nuevas generaciones. La Universidad no ha de ser sólo un espacio de reflexión, sino un modelo ético e intelectual en sí misma.

    Por todas estas razones, este manifiesto es solidario con el resto de reivindicaciones en defensa de la educación, la sanidad, la cultura y otros servicios públicos, así como con todas las personas que sufren el actual proceso de desposesión colectiva. El contrato social con el que queremos ordenar nuestra convivencia es tarea de todas y todos nosotros. Como personas comprometidas con la búsqueda de la verdad, entendemos que es momento de hacer un nuevo esfuerzo a la altura del reto que enfrentamos.
    Firma tu también:

    http://www.podemos.info/uni/

  3. Anónimo dijo:

    Gracias por la información. Creo que sería más eficaz si dijerais directamente cuales los centros donde ya hay constituido un grupo y aquellos donde falta gente.

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