CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN CUATRO ACTOS

El próximo 27 de Septiembre de 2013 se procederá al acto de inauguración del curso académico de la Universidad de Granada. Una de las partes fundamentales de dicho acto será la investidura de nuevos doctores y doctoras. Sobre este particular, debemos comenzar lamentando que sólo un ínfimo porcentaje de esas personas tendrán la oportunidad de continuar su carrera investigadora y docente en ésta o en cualquiera de nuestras universidades. El año pasado se convocaron unas pocas plazas nuevas con el modelo de profesorado sustituto interino -que constituye uno de los contratos más precarios que se conocen-, incluyendo en sus términos dos palabras que significan lo mismo (un pleonasmo), a saber: CONTRATO TEMPORAL y, por lo tanto, sujeto a las necesidades y/o deseos de quienes gestionen y apliquen las políticas académicas de recortes en cada momento. Este año aún no sabemos si se van a convocar esas plazas, ni cuántas. Por esta razón, en lugar de plantearnos un acto de inauguración del curso, bien podríamos  entenderlo como un ACTO DE DESPEDIDA de quienes han hecho el doctorado en la Universidad de Granada, que a partir de ahora deberán salir de aquí con muy pocas, si no ninguna, esperanza de volver, como así está ocurriendo.

Curiosamente, al solemne acto de apertura del curso 2013-14  también se convoca al alumnado, aunque evidentemente entendemos que de manera simbólica. Sabemos que en las grandes decisiones no se contará ni con su voz ni con su voto, pese a ser mayoría entre el conjunto de la comunidad académica y uno de los elementos fundamentales de esta institución educativa. Por nuestra reciente experiencia contrastada en estos solemnes actos, necesitamos advertir: ¡Ay de estas personas si tratan de acceder ni siquiera al recinto donde se realiza el acto!,  pues se encontrarán con el cuerpo nacional de policía, primero y, después, con las puertas de acceso a este espacio “de todo el colectivo universitario” cerradas a cal y canto. En este caso, y vivido lo vivido, bien podríamos llamar a este solemne acto de inauguración del curso (supuestamente destinado también al estudiantado), ACTO DE CIERRE, ya que se deja de lado a uno de los sectores que más están sufriendo las crisis y el desmantelamiento de las universidades públicas por la pérdida de becas, la subida de tasas, la masificación en las aulas y, desde luego, por la precariedad laboral a la que se enfrentan. No es poco lo que tienen encima.

Y, ¡cómo no!, también se convoca al personal de administración y servicios, aunque, al igual que el alumnado, tampoco tienen apenas capacidad de decisión. El año pasado acudieron al acto “en demasía” y también le tuvieron que cerrar las puertas a este grupo. De nuevo, vemos que el acto de inauguración sería algo más parecido a un “ACTO DE ESTE AÑO ARRÉGLATELAS COMO PUEDAS CON TUS CONDICIONES LABORALES (Y PERSONALES)”.

Estamos, por tanto, ante lo que nos parece más una obra de teatro en la que quienes gestionan y toman decisiones políticas intentarán que todo parezca normal (fijémonos en el transcurso de nuestras primeras semanas de “normalidad” académica), aunque lo que está pasando con nuestra universidad de “normal” tiene muy poco. Incluso nos parece teatro la tibieza en las pocas críticas que se hacen a la destrucción paulatina, pero constante, de la Universidad Pública, junto con la aparente inacción del equipo rectoral más allá de un par de medidas paliativas cuyo resultado desconocemos -porque no nos rinden cuentas de esto-, o del gesto de algunas personas de la comunidad académica de organizar el inicio del curso académico de manera solidaria. ¿Una reunión de rectores para pedir más plazas cuando la masificación y la sobrecarga son ya insoportables en algunas facultades? ¿un crédito para aplazar el pago 8 meses cuando ya sabemos de muchos casos en los que el abandono de los estudios tiene un origen netamente económico? En este caso, tememos que con un nuevo y normalizado acto de inauguración estemos planteando un acto de “ESTE CURSO SEGUIMOS CON LOS RECORTES”.

Son razones que nos llevan a declarar que este año no vamos a participar en el solemne acto de apertura; este año no queremos volver a pasar la vergüenza de que nos pidan la documentación a la entrada de nuestra universidad pública, enfrentados a la “normal” protección de nuestros agentes antidisturbios. Este año queremos que se acabe con la apariencia de normalidad y se tomen las medidas necesarias para terminar con el estado de excepción en el que vivimos. Ahí nos encontraremos como comunidad académica.

Pedimos con esta carta abrir los debates prometidos, incluso en acuerdos del propio claustro, y llevar a cabo las acciones necesarias para terminar con ese mirar para otro lado que caracteriza a quienes desde sus pedestales parecen no darse cuenta de cómo está sufriendo la gente a su lado.

Los abajo firmantes, las abajo firmantes.

Alejandra Acosta Villamil

Juan Antonio Aguilera Mochón

Ana Ballester Casado

Francisco Cabrerizo

María J. Cáceres Granados

Julias Carabaza

Margarita Carretero González

Jorge Casillas

Feliciano Castaño Villar

Juan de Dios Castro Molina

Mari Paz García Caro

Marita García

Valentina Genta

Bárbara Grabher

Tony Harris

Juan Irigoyen

Yolanda Jiménez Olivencia

Antonio Laserna Gaitán

Paco Maeso

José Manuel Jiménez López

Jesús De Manuel Jerez

Celia Martínez Hidalgo

Miguel Martínez Rodríguez

Virtudes Martínez Vázquez

Alfonso Masó Guerri

Juan Mata Anaya

Alberto Matarán Ruiz

Rosa Medina Doménech

Jose Antonio Navarro

David Pelta

Pandelis Perakakis

Loles del Pino

Ángeles Quero Gervilla

Victoria Robles Sanjuan

Esteban Rodríguez Ocaña

Gerardo Rodríguez Salas

Carmen Ruzi Sutil

Lola Sánchez

Adelina Sánchez Espinosa

Alicia Sánchez Adam

Concepción Sánchez Adam

Jesús Andrés Sánchez Cazorla

César Augusto Solano Galvis

Aly Tawfik

Anastasio Urra

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5 respuestas a CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN CUATRO ACTOS

  1. Luz dijo:

    Si, pero vayamos más allá de nuestros propios intereses: becas, investigación y contratación.

  2. Nano dijo:

    Comparto los propósitos de la carta, por eso la he firmado.
    No obstante la misma es un tanto corporativista, ignora la parte de los sin parte, como dice Ranciere. Carece de amplitud de miras y ensanche de circulación sanguínea. El deber es desmitificar el discurso totalizante que todo lo justifica, éste en el que la universidad y sus brazos juega un papel multiplicador.

  3. Pingback: ¡VOLVEMOS A LA ACCIÓN! | asambleaUGR

  4. luz dijo:

    http://www.consultaporlaeducacion.org/

    A incluir en la próxima reunión. ¿Cómo participar?

    Luz

  5. Juan dijo:

    Suscribo totalmente la aportación de Nano, parece que no podemos mirar más allá de nuestro ombligo y de nuestro trono dorado.
    No es una cuestión de corporativismo es una cuestión de demolición de sistemas básicos para la superviviencia de la sociedad: servicios sociales básicos, pensiones, subsidios, sanidad, teleasistencia, medicamentos, agujas específicas, becas,…

    Valga lo siguiente:

    Universidad pública, plantilla privada
    JC Bermejo – 08/10/2013

    José Carlos Bermejo Barrera: Universidad pública, plantilla privada

    Frente al recorte del gasto público y la campaña de privatizaciones que se viene desarrollando en unas autonomías más que en otras, llevándose la palma la de Madrid, tiene lugar una campaña ciudadana a favor de los servicios públicos básicos, sobre los que han recaído unos recortes cuyo monto es muy inferior al dinero empleado en el rescate de Bankia. Subiéndose al carro, los rectores pretenden igualar los recortes de pensiones, prestaciones sanitarias y servicios educativos esenciales con los que sufren sus instituciones en las que ellos mismos unas veces están dispuestos a practicar el despido y otras a recortar el sueldo de sus subordinados con criterios mucho más que discutibles. Apelan ellos a la autonomía, un concepto que no saben definir, pero que sería algo así como: “solo yo puedo fijar mis derechos y los deberes de los demás”. Pues de las universidades se supone que solo pueden hablar los universitarios.

    Señala Óscar Alzaga en su voto particular a la propuesta de reformas encargada por el ministro Wert, que sus compañeros de comisión, excepto una que también era jurista, eran incapaces de entender la lógica jurídica, y por eso propusieron medidas que violaban la ley orgánica que rije las universidades, creyendo que eso se puede hacer sin problemas. Y es que cada vez hay menos universitarios capaces de comprender la lógica jurídica elemental, como veremos en el caso de las plantillas. Todo el mundo sabe que en una empresa cada persona ejerce una función, lo mismo que en un ejército, o en cualquier otra institución. Y en una institución pública, financiada con los impuestos, está claro que las plantillas de funcionarios o personal laboral han de cumplir una función específica con el máximo rendimiento y el menor coste posible, respetando, eso sí, los derechos de sus trabajadores. Las plazas de funcionarios, por ejemplo, se dotan para cumplir una función, y solo subsidiariamente se pueden cambiar para facilitar la promoción de los mismos entre distintos cuerpos. Parece claro, sin embargo, que lo que en realidad está ocurriendo en la USC es que, sobre todo en los cuerpos de profesores, el principio de la promoción personal intenta apoderarse de toda la racionalidad académica y por eso es fácil adivinar que en la próxima campaña electoral los temas estrella serán: ¿a cuántos titulares se les dota su cátedra?; y ¿a cuántos investigadores se les dota su plaza de profesor? En ambos casos, por supuesto, nadie se pregunta si hacen falta cátedras o más investigadores transmutados en profesores, y por qué la plaza es suya.

    La USC ya no es una institución concebida globalmente en su nivel docente, sino la conjunción de los intereses corporativos de diferentes grupos que negocian la consagración de sus derechos continuamente. Y además rige el principo del featherbedding, mediante el cual se justifica el crecimiento de plantilla bajando el rendimiento y creando reglamentos que lo consagren. Tiene esta univesidad 1.526 profesores funcionarios, de los cuales 413 son catedráticos de universidad y 998 titulares, más de cincuenta de ellos ya acreditados para ser catedráticos por sus méritos. En algunos países la ratio catedrático–titular es 1/5 ó 1/4; antes en España era 1/3, ahora es 1/2. Pero como los méritos dependen de la edad y toda la plantilla envejece a la vez y pocos se jubilan, pronto habrá tantos catedráticos como titulares, sin que cumplan ninguna función diferente unos y otros, sino simplemente ganando más e impartiendo cada vez menos docencia, pues hay toda clase de normas que justifican exenciones de la misma. La docencia es una de las dos funciones de un profesor, pero la única que justifica la creación de un puesto docente. Los investigadores puros trabajan en todo el mundo en centros de investigación.

    Como todo se subordina al desarrollo del currículum de los grupos corporativos y ese currículum se mide mecánicamente con baremos ariméticos fijados por las agencias de evaluación, se produce así un tsumani promocional imparable. Y como además las plantillas no se rijen ya básicamente por necesidades docentes, y los sistemas de acceso a plazas son manejables, los titulares piden “su cátedra”, aunque en realidad una cátedra sale a concurso público, y lo mismo pasa con los investigadores. Muchas áreas de conocimiento se contraen y otras crecen sin ton ni son: aquéllas que tienen investigadores. Unos investigadores que obtienen plazas en convocatorias que ya privilegian esas áreas y que se rijen por baremos que hacen imposible concursar a gran cantidad de doctores. Así se va privatizando la plantilla de los defensores de la universidad pública con declinantes áreas claves del derecho con 2 catedráticos y 6 titulares y otras experimentales ascendentes con 10 catedráticos y 27 titulares, o 17 y 23 respectivamente, o 10 y 23. En estas y otras como estas se “estabilizan” como profesores los investigadores ya no tan jóvenes, que han sido la fuerza de trabajo de los grupos de investigación privilegiados, a la par que inviables en el mercado y al margen del dinero público, dispuestos a ser profesores cada vez más exentos de docencia y a generar otros investigadores a su servicio. Si sus grupos centran la mayor parte del dinero del I+D+i y tienen edificios propios con dinero público, el resultado no puede ser mejor para ellos y peor para el resto de esa universidad pública que ellos defienden con sus lemas vacíos, ante el silencio de la mayoría.

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