Manifiesto Encierro 5J

Leído en el encierro en la Facultad de Educación de Granada, el martes 5 de junio.

La oposición de los alumnos y profesores de la facultad de ciencias de la educación al Real Decreto Ley 14/2012 no es una decisión caprichosa. Es un acto de responsabilidad y compromiso en defensa de la universidad pública, para impedir que la educación superior deje de ser un derecho y se convierta en un privilegio. Una de las mayores conquistas de la ciudadanía española en las últimas décadas ha sido el acceso a la universidad de toda clase de jóvenes, sin el condicionamiento de su origen social o familiar. Y eso ha sido posible gracias a a política de becas y ayudas al estudio que los sucesivos gobiernos han mantenido a lo largo de los años. El drástico aumento de las tasas y la modificación de las exigencias para la obtención de becas puestas en marcha por el actual gobierno a través del citado Real Decreto daña de un modo implacable la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior. Unas medidas que adquieren mayor grado de injusticia en un momento en el que el paro y la precariedad están empobreciendo a sectores cada vez más amplios de la sociedad. El recurso a la contención del gasto público por parte del gobierno es una simple excusa para imponer un modelo de universidad clasista y elitista.

Pensamos que la gran estafa financiera mundial, de la que en absoluto son responsables los ciudadanos no puede ser cargada sobre las espaldas de quienes han sido víctimas de semejante tropelía. Los trabajadores no pueden ser castigados a pagar lo que otros han destruido. Mientras que tantos banqueros sin escrúpulos, tantos especuladores financieros y tantos políticos corruptos y despilfarradores, que han sido los verdaderos culpables de la presente crisis económica, eluden sin problemas sus responsabilidades sociales, morales y penales. La codicia, la ineptitud política y las prácticas fraudulentas han sido las causas de una crisis económica mundial que no se soluciona, como quieren hacer creer, recortando y desmantelando los servicios públicos, despidiendo a trabajadores o rebajando salarios, sino aumentando el gasto público promoviendo activamente la creación de empleo e invirtiendo en planes de investigación y desarrollo. Todo lo contrario de lo que trata de hacer el Partido Popular.

El citado Real Decreto altera profundamente además las condiciones laborales de los profesores universitarios. De un modo bilateral y arbitrario se aumenta su carga lectiva, quebrando derechos adquiridos y despreciando lo que hasta este momento se había defendido en nombre de la calidad de la enseñanza. No es una simple cuestión de horas de clase sino de la destrucción de un modelo universitario que trataba de equilibrar la prestación de un servicio docente de calidad con el desarrollo decidido de la investigación científica. El referido Real Decreto Ley es sin embargo discriminatorio pues establece de modo encubierto categorías entre los profesores al primar la investigación y menospreciar la docencia, que va siendo considerada una actividad insignificante, casi un castigo. Al imponer inmotivadamente criterios y baremos de valoración profesional que en modo alguno estaban anunciados, los profesores se encuentran de pronto indefensos y agraviados. Con los recortes anunciados, las plantillas serán inevitablemente reducidas y aumentará la precariedad del profesorado. El incremento de las obligaciones docentes unido a la disminución de los recursos para la investigación redundará negativamente en la calidad de la enseñanza, tan ampulosamente invocada por todos.

Los modos arrogantes y desdeñosos de actuar del ministro José Ignacio Wert no son en este caso un asunto menor. Demuestran un claro menosprecio hacia los alumnos y profesores de las universidades públicas y ofende la inteligencia de muchos ciudadanos con sus acusaciones e insinuaciones acerca de la mala gestión y la baja calidad de nuestro sistema universitario, con sus análisis sesgados y datos falsos, cuyo fin no es otro que probar la mediocridad e ineficiencia de las universidades públicas y justificar por tanto la urgente privatización de la enseñanza superior.

Estas decisiones son parte de las medidas plegadas contra los servicios públicos en general. Como miembros de la Facultad de Ciencias de la Educación nos sentimos particularmente preocupados por los ataques contra la enseñanza pública, ataques que cercenan la calidad de sus servicios y cuestionan su significado cívico. Con nuestra actitud estamos siendo solidarios con quienes en otros ámbitos luchan contra los recortes no solo de recursos económicos sino de derechos sociales duramente conquistados.

Puedes descargar el documento con el manifiesto aquí.

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